Costa Rica, esa
pequeña nación centroamericana que durante décadas se enorgullecía de ser una
excepción pacífica en un continente históricamente convulso, enfrenta hoy una
realidad que hubiera sido impensable hace apenas una década. ¿Cómo explicar
esta transformación tan dramática? Para comprender la magnitud del cambio,
imaginemos a un país que abolió su ejército en 1948 y se convirtió en símbolo
de estabilidad democrática, ahora lidiando con niveles de violencia que
rivalizan con naciones en conflicto armado.
Las proyecciones
oficiales para 2025 son profundamente desalentadoras y constituyen un llamado
urgente a repensar las estrategias tradicionales de seguridad. El Organismo de
Investigación Judicial estima que el país podría registrar entre 925 y 975
homicidios durante este año, cifras que lo posicionarían como el período más
violento en toda la historia nacional documentada. Es una estadística que
duele, que confronta la identidad pacífica que los costarricenses han cultivado
por generaciones. A mayo de 2025, ya se habían contabilizado 317 homicidios, un
recordatorio brutal y cotidiano de que la violencia no respeta fronteras
geográficas ni tradiciones culturales de paz que parecían inmutables.
Para
contextualizar esta crisis, es importante entender que Costa Rica no llegó aquí
de la noche a la mañana. El país experimentó una transformación gradual pero
acelerada: de ser un punto de tránsito para el narcotráfico internacional, se
convirtió en 2023 en el puerto más importante de droga hacia Europa del mundo.
Esta evolución no es solo un dato estadístico; representa la inserción forzada
del país en dinámicas criminales globales que han reconfigurado su tejido
social interno.
En este contexto
adverso y desafiante, la Estrategia Desamparados 2015-2018 emerge como un faro
de esperanza metodológica, un ejemplo concreto y tangible de lo que es posible
cuando se abandona la retórica belicista tradicional para abrazar la coproducción
de seguridad como paradigma de intervención social. Esta iniciativa innovadora
logró reducir en un 20% los homicidios mediante la articulación inteligente y
sistemática de instituciones públicas, sector privado y comunidades locales
(Solís Moreira, 2015). Pero más allá de las cifras, lo que realmente importa es
cómo lo logró.
El modelo
territorial de intervención demostró empíricamente que el trabajo conjunto,
cuando se diseña adecuadamente y se sostiene en el tiempo, puede generar
resultados medibles y sostenibles, incluso en contextos donde las fuerzas
destructivas parecen predominar. ¿Qué hizo diferente esta estrategia? La
respuesta radica en su comprensión profunda de que la seguridad no se puede
imponer desde arriba, sino que debe construirse desde abajo.
Lo
verdaderamente innovador y replicable de esta estrategia fue su capacidad
revolucionaria de incluir a actores locales no solo como beneficiarios pasivos
de programas diseñados verticalmente desde instancias centrales, sino como
co-constructores activos y empoderados de su propia seguridad comunitaria.
Imaginen el cambio psicológico que esto representa: pasar de ser víctimas
esperando protección externa a convertirse en protagonistas de su propia
seguridad. La participación comunitaria trascendió las reuniones informativas
tradicionales y las consultas superficiales para convertirse en procesos
genuinos de identificación colectiva de riesgos, diseño participativo de
soluciones y toma de decisiones compartidas sobre prioridades territoriales.
Este enfoque
revolucionario fomenta lo que los académicos llaman "corresponsabilidad
ciudadana", transformando fundamentalmente la relación entre Estado y
sociedad civil. Los ciudadanos dejan de ser espectadores temerosos y pasivos
para convertirse en protagonistas empoderados y activos de su propia seguridad
territorial. Es un cambio que va más allá de lo técnico; es profundamente
humano y político.
El enfoque
criminológico subyacente a esta experiencia experimenta un cambio paradigmático
fundamental que merece análisis detallado: pasa de ser predominantemente
punitivo a comprehensivamente preventivo, de esencialmente reactivo a
estratégicamente proactivo. Esta transformación no es meramente técnica ni
cosmética; representa una revolución conceptual urgente y necesaria en muchos
países de la región que siguen atrapados en lógicas decimonónicas de mano dura,
tolerancia cero y respuestas puramente represivas.
Pero aquí viene
la parte dolorosa de la historia. Sin embargo, la realidad contemporánea de
Costa Rica revela las sombras profundas que acechan estos experimentos
esperanzadores y pone en evidencia las limitaciones estructurales de los
enfoques preventivos cuando no se acompañan de transformaciones sistémicas más
amplias. La Primera Encuesta Trimestral de Opinión Pública del Centro de
Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica,
realizada en marzo de 2025, muestra resultados que duelen: el 43.7% de la
población considera la inseguridad y la delincuencia como el principal problema
nacional, representando el porcentaje más alto jamás registrado en la historia
de estas mediciones sistemáticas.
Los números
políticos reflejan esta frustración ciudadana. La aprobación del gobierno del
presidente Rodrigo Chaves ha descendido dramáticamente del 63% en noviembre de
2024 al 54% en abril de 2025, en gran medida debido a la percepción ciudadana
de ineficacia gubernamental en el manejo de la crisis de seguridad que azota al
país. Es un recordatorio crudo de que en democracia, los experimentos de
política pública enfrentan el tribunal inexorable de la opinión pública.
Esta crisis
multidimensional expone de manera implacable las vulnerabilidades estructurales
de los programas preventivos cuando no se insertan en estrategias integrales de
desarrollo social y cuando carecen de los recursos y la continuidad necesarios
para competir efectivamente con las fuerzas destructivas del crimen organizado.
La sostenibilidad de estas políticas públicas prometedoras requiere una
institucionalidad robusta y recursos económicos constantes, dos elementos que
enfrentan amenazas permanentes y sistemáticas. Los recortes presupuestarios
motivados por crisis económicas y los cambios políticos que priorizan la
visibilidad mediática inmediata sobre los resultados a largo plazo son amenazas
latentes que pueden desmantelar años de construcción paciente y meticulosa.
El Programa de
Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), con fecha de reporte de mayo de 2025, representa un esfuerzo
internacional por mantener el rumbo preventivo mediante financiamiento externo
cuando los recursos nacionales se ven comprometidos. Su objetivo dual de
"mejorar la efectividad policial para prevenir el delito en distritos
priorizados" y "reducir comportamientos delictivos de adolescentes y
jóvenes vulnerables" demuestra la persistencia de enfoques integrales,
incluso en medio de la crisis más severa de la historia nacional.
La Contraloría
General de la República, cumpliendo su función constitucional de vigilancia, ha
señalado debilidades preocupantes en la Política Nacional de Seguridad Pública
Costa Rica Segura Plus 2023-2030, otorgando al Ministerio de Seguridad Pública
un plazo perentorio hasta octubre de 2025 para revisar y ajustar su Plan
Estratégico Institucional. Esta supervisión técnica evidencia la necesidad
urgente de mayor coherencia y vinculación efectiva entre instrumentos de
política pública que a menudo operan en compartimientos estancos.
Propuesta
crítica: Consolidar estos programas experimentales mediante legislación
especializada que garantice su continuidad institucional independientemente de
los vaivenes políticos característicos de la región, estableciendo presupuestos
constitucionalmente protegidos y consejos ciudadanos con capacidad real de
oversight y poder de veto sobre modificaciones sustanciales. Además, fomentar
redes de colaboración intermunicipales podría amplificar los beneficios
territoriales y crear economías de escala que hagan más eficiente la inversión
en prevención. Es fundamental desarrollar sistemas de información sofisticados
que permitan monitoreo en tiempo real y ajustes adaptativos basados en
evidencia, reconociendo que la prevención efectiva requiere flexibilidad
operativa dentro de marcos estratégicos estables y coherentes. Costa Rica
necesita urgentemente una reflexión nacional profunda y honesta sobre si sus
enfoques preventivos han sido estructuralmente insuficientes o si simplemente
han sido abrumados por fuerzas criminales que han evolucionado más rápidamente
que las respuestas institucionales, requiriendo una recalibración fundamental
de las estrategias de seguridad ciudadana para enfrentar los desafíos del siglo
XXI.
Referencias
Solís Moreira,
J. (2015). Seguridad ciudadana y prevención de violencia en Costa Rica:
Estrategia operativa de coproducción y corresponsabilidad. FES América
Central.
Hernández
Latorre, S. D. (2015). Informe: Experiencias exitosas en prevención de la
criminalidad en América Latina. Centro Internacional para la Prevención de
la Criminalidad (CIPC).
Fundación para
la Paz y la Democracia (FUNPADEM). (2020). Diálogos Juventud–Policía:
Sistematización de mesas de trabajo.
Ministerio de
Justicia y Paz. (2018). Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y
Promoción de la Paz.
Programa Estado
de la Nación. (2023). Informe del Estado de la Nación 2023. CONARE.
Ministerio de
Seguridad Pública. (2023). Informe de estadísticas criminales.
https://seguridadpublica.go.cr
Observatorio de
Seguridad Ciudadana de Desamparados. (2022). Boletín anual de resultados
preventivos. Municipalidad de Desamparados.
Comentarios
Publicar un comentario